Saludos, ciudadanos.
Uno de los objetivos fundamentales de la reforma laboral y de la reforma de la negociación colectiva es la vinculación de las retribuciones a la productividad. Una idea brillante, siempre y cuando no se falseen los resultados de las empresas y se repartan de modo ecuánime los beneficios. No obstante, este planteamiento implica una fiscalización exhaustiva de las cuentas de las empresas, dado que el desarrollo salarial de la masa laboral está ligada a ello.
Nuestros representantes son unos vehementes paladines de este planteamiento y yo lo suscribiré también, de modo incondicional, si ellos son los primeros en demostrar la viabilidad de la propuesta.
Creo que me vais siguiendo, efectivamente, los administradores públicos deberían aplicarse ellos mismos este criterio en su sistema retributivo. ¿Acaso es asumible que tengan múltiples retribuciones al ostentar diferentes cargos públicos?
En un estado con 4.900.000 parados según la encuesta de población activa, con una economía estancada, las administraciones públicas al borde de la quiebra técnica, lo que conlleva unos intereses inusualmente altos para nuestra deuda, que a su vez obliga a la ciudadanía a sufrir recortes en todos los servicios y prestaciones del estado, así como un ajuste brutal de los derechos laborales, ¿Cuanto deberían cobrar los administradores que nos han conducido a esta situación?
Del mismo modo, los gestores de las entidades financieras que han generado un desastre financiero de una magnitud desconocida hasta ahora, ¿por qué siguen percibiendo unas retribuciones astronómicas y repartiéndose unos dividendos aberrantes cuando sus empresas han tenido que ser saneadas con miles de millones de euros públicos?
Si el legislador tiene la osadía de legislar contra los más desprotegidos sin tener la coherencia de asumir para ellos mismos las leyes que ellos crean...¿podemos atribuirles la autoridad de representarnos?
Es el momento de que la clase política vaya asumiendo con claridad meridiana cual es su rol, cual es su trabajo, cuales son obligaciones y atribuciones y en el caso de que no quieran asumir su realidad es imperativo de la ciudadanía transmitirles las condiciones del contrato democrático.
Resta menos de un año para las elecciones generales, ¿seremos capaces los ciudadanos de transmitirles a los políticos el mensaje?
Desde las calles, las plazas, los blogs y los plenos de los ayuntamientos debemos seguir haciéndonos escuchar.
Salud, ciudadanos.
Viñeta gentileza de Mi Clon Malvado.
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