Saludos, ciudadanos.
Una de las ideas recurrentes del ecologismo es aquella de que los seres humanos no somos los dueños del planeta sino que lo hemos tomado prestado a nuestros hijos. El mismo planteamiento se puede aplicar a los gobiernos y la proposición quedaría más o menos así: El gobierno no es dueño del Estado es solo su administrador. Partiendo de esta premisa es una tarea imprescindible del gobierno el preservar el patrimonio del Estado, todo el patrimonio del Estado, y en su defecto gestionarlo con un balance positivo.
Desde luego queda muy alejada, desde este punto de vista, la idea de repartir este patrimonio entre potenciales compradores, aunque por lo visto en las últimas décadas a nuestros gobernantes esto es algo que no se les pasa por la cabeza.
Pongamos un caso, por ejemplo Telefónica, ante el inminente auge de las compañías de telecomunicaciones, en 1997 el gobierno del PP privatizó esta compañía, estimándose unos ingresos por su venta de 3.918, 6 millones de euros (652.000 millones de pesetas) siendo el valor patrimonial de la compañía a día de hoy de 129.775 millones de euros, habiendo dado en el último ejercicio unos beneficios de 10.167 millones de euros. Lo vemos mejor en la tabla.
| Valor 2007 | Valor 2011 | Beneficios 2011 |
| 3.919 mill. € | 129.779 mill. € | 10.775 mill. € |
El negocio para el Estado ha resultado...¿redondo?, ¿y para aquellos que la compraron?...sin comentarios y, además, a día de hoy anuncian un ERE de 8500 trabajadores en los próximos cinco años. 8500 trabajadores que pasarán a engrosar las ya dilatadas filas del paro y a los que el estado tendrá que atender con los correspondientes subsidios.
Otras empresas que han pasado por este proceso han sido Repsol, Aceralia, Iberia, Argentaria, Aldeasa, Tabacalera, Indra, Red Eléctrica, Retevisión, ENCE, y como no, ENDESA, de la que Aznar percibe a día de hoy un más que sustancioso sueldo de asesor y también Gas Natural, de la que Felipe González recibe un no menos importante salario. AENA y Loterías del Estado son las últimas en entrar en esta lamentable dinámica.
En los casos anteriores, empresas de carácter productivo y servicios, el estado ha percibido unas cantidades importantes de dinero, es evidente que no lo suficientemente elevadas para considerar estas ventas como grandes negocios, más bien, y ateniéndonos al caso de Telefónica, cabria interpretar estas operaciones como absurdas o ruinosas. Muchos alegarán que eran empresas con dificultades, que ha sido la gestión privada la que ha convertido a estas en rentables, que el estado no debe actuar como empresario, etc. No obstante, el hecho de que dos expresidentes intervinientes en muchos de estos procesos de privatización hayan acabado como empleados de algunas de estas empresas no deja de ser un hecho esclarecedor. ¿A quién han beneficiado estos procesos privatizadores? ¿Al Estado? ¿A los ciudadanos? ¿A los trabajadores de estas empresas?
La segunda fase del expolio al que está siendo sometido el Estado se inicia con la degradación de los servicios públicos, sanidad, educación, asistencia social, pensiones, aduciendo la falta de recursos que ha provocado la explosión de la burbuja inmobiliaria y la posterior crisis financiera. Una vez definida la excusa e intoxicada convenientemente la ciudadanía con la habitual letanía de noticias catastrofistas al respecto se encuentra la brillante idea de privatizar la gestión de estos servicios y, en estos casos, el Estado no solo no percibirá ni un céntimo, si no que tendrá que pagar por ello. Se reducirán la calidad de los servicios y las condiciones laborales de los trabajadores, pero los “mercados” estarán contentos y felices por haber conseguido su objetivo.
Apropiarse de todo el patrimonio de los ciudadanos.
¿Les preguntamos que les va ha quedar a nuestros amigos griegos?
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