"... Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. ..."Así reza parte del título tercero del artículo 135 de la Constitución Española tras la reforma llevada a cabo por el PPSOE.
¿Que cabe esperar de un estado que consagra como precepto constitucional la prioridad absoluta del pago de los intereses de un hipotética deuda?
Por ello no es de extrañar que el habitual esfuerzo por legislar a favor de la banca y las grandes corporaciones reciba, ya sin ningún pudor, un impulso definitivo (solo con echar un vistazo a las propuestas de la CEOE podemos ponernos a temblar), aunque a día de hoy parece claro que el estado y todas sus herramientas, poder legislativo, poder judicial y fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, ya están al servicio de los poderosos.
¿Por qué este preámbulo? El artículo 47 de la Constitución determina que todos los españoles tenemos derecho a una vivienda digna y adecuada y que los poderes públicos promoverán los medios necesarios para hacer efectivo este derecho. Sin embargo una vez bajamos de la nube de los preceptos y derechos constitucionales, que teóricamente están por encima de la leyes, nos encontramos con todo lo contrario, de tal modo que ciudadanos humildes y trabajadores, golpeados salvajemente por una crisis económica sin precedentes de la que no son responsables, tienen que dejar sus viviendas por no poder hacer frente al pago de la hipoteca o el alquiler.
Hoy, en el Puerto de Sagunto, hemos vivido muy de cerca este drama cuando a las nueve y media de la mañana se personaba en el número uno de la plaza de Echegaray el secretario judicial para hacer efectivo el desahucio de Fátima, Mohamed, Abdenbi y de los tres niños que hay en la familia.
A la llamada del PAH hemos acudido entorno a doscientos ciudadanos con la intención, frustrada, de paralizar el desahucio. A nuestra llegada nos hemos topado con un desproporcionado dispositivo policial, cerca de 100 antidisturbios custodiaban la humilde vivienda de nuestros vecinos, ante el que no hemos podido más que manifestar nuestro rechazo y oposición al desalojo.
Es poco menos que indescriptible la sensación de impotencia, indignación y asco que genera el desahucio de una familia de su humilde hogar para entregarlo a un banco. Entidad que, probablemente, tendrá el inmueble vacío durante mucho tiempo, mientras que esta misma noche la familia que lo ocupaba...
Lo alucinantemente contradictorio de la situación es que 100 antidisturbios se han desplegado para violentar un derecho constitucional, al que se ha antepuesto el derecho de cobro de un banco, si, una de esas entidades a las que, con el pretexto de su salvamento, debemos proteger los ciudadanos consignando dos billones de euros para su Fondo de rescate (2.000.000.000.000 €, 332.772.000.000.000 pesetas).
¿Cuanto habrá costado movilizar a estos 100 antidisturbios, a los que pagamos todos los ciudadanos, para dar cobertura a una actuación de más que dudosa ética? Porque todos esos uniformados, de botas a casco pasando por porras y pistolas, no estaban allí para defender el derecho constitucional a una vivienda digna, no, estaban allí para otra cosa bien distinta, para que al ciudadano de a pié le quede bien claro que las leyes están escritas para los poderosos, para que sepamos que ellos disponen del poder del dinero, de la fuerza de las porras y del apoyo de la ley.
Ojalá nadie nos tuviésemos que ver en estas circunstancias, pero por desgracia una gran mayoría de la ciudadanía está tremendamente expuesta a esta posibilidad, 1.346.027 es la cifra de personas en paro que no cobran prestación por desempleo y cualquiera de nosotr@s puede verse dentro de este terrible grupo, ¿que pasaría si te despidiesen y no pudieras hacer frente al pago de tu hipoteca?
Ayuda a parar este drama, te esperamos en el próximo desahucio, tu colaboración es necesaria.
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