Comunicado de las Mesas
Ciudadanas de Convergencia y Acción.
Los
Presupuestos Generales del Estado que acaba de presentar el Gobierno
del Partido Popular han sido calificados por el Ministro de Asuntos
Exteriores como "de guerra", aunque se le olvidó señalar
que son, efectivamente, de guerra pero contra las clases
trabajadoras, contra los pensionistas y jóvenes, contra la inmensa
mayoría de las familias, contra las pequeñas y medianas empresas
que crean empleo, contra los trabajadores autónomos y contra la
propia economía española en su conjunto, que una vez más queda
sometida a los intereses de los grandes poderes empresariales y
financieros.
Se
trata de unos Presupuestos que recortan los gastos destinados a
financiar el bienestar social y también los que necesitan las
empresas y los trabajadores para generar actividad económica y
empleo, de manera que con toda seguridad van a llevar a la economía
española a una recesión aún más fuerte y a una pérdida de
cientos de miles de puestos de trabajo.
El
Gobierno los justifica como necesarios afirmando que con ellos se
podrá saldar en mejores condiciones el déficit público y de esa
manera recobrar la senda de crecimiento económico pero lo cierto es
que esto último será imposible con los recortes de gasto que
contemplan y que las previsiones de ingresos que plantea van a ser
insuficientes para generar recursos suficientes que alivien la carga
de la deuda.
Los
Presupuestos conllevan recortes de gasto brutales en partidas
esenciales no solo para el bienestar sino para que la economía
funcione. Sin necesidad de reproducir aquí el análisis exhaustivo
que han hecho diversos analistas y organizaciones sociales y
políticas, podemos simplemente señalar que se reducen casi al
completo partidas como las de las políticas activas de empleo, los
servicios de dependencia o los planes de creación de escuelas
infantiles y que otras tan decisivas para nuestra economía y
sociedad como las de impulso de la investigación, la educación, la
salud, el apoyo a pequeñas y medianas empresas, o la lucha contra la
violencia de género sufren recortes de incluso más del 30% en
algunos casos, que van a hacer prácticamente imposible que se puedan
mantener los niveles esenciales de provisión de esos servicios.
El
Gobierno ha renunciando de nuevo, como ya sucedió con el anterior
del Partido Socialista, a llevar a cabo una reforma fiscal que mejor
el sistema impositivo en la línea de la equidad y la eficiencia
recaudatoria, a pesar de que nuestro nivel de ingresos fiscales en
relación con el PIB está muy por debajo de la media de las naciones
de nuestro entorno a las que dicen que hemos de parecernos. En cuanto
a política impositiva, además del aumento en el IRPF que aprobó en
diciembre pasado y que en un 75% recaerá sobre las rentas del
trabajo, el Gobierno prácticamente se ha limitado a realizar algunas
modificaciones de segundo orden en el Impuesto de Sociedades que de
ninguna manera evitan su problema principal: ser un gravamen que
recae principalmente sobre las pequeñas y medianas empresas que
crean empleo mientras que las grandes se benefician de deducciones
que les permiten tener una carga mucho menor. Y, sobre todo, ha
aprobado una vergonzosa regularización que es en realidad una
amnistía fiscal para los defraudadores que no solo viola los
principios más elementales de la igualdad de trato y de la justicia
sino que, para colmo, ni siquiera va a suponer un incremento efectivo
de la recaudación.
Además,
las previsiones del Gobierno están claramente sobrevaloradas, de
modo que se puede afirmar que con toda seguridad no se van a cumplir
las estimaciones de ingresos previstas, precisamente porque las
medidas de recorte del gasto van a producir una caída del PIB y, por
tanto, una disminución de la recaudación mucho mayor de la
estimada.
El
hecho evidente de que ni siquiera sean unos Presupuestos que vayan a
poder conseguir mejores condiciones para reducir el déficit, porque
a la postre y a medio y largo plazo van a a hundir a la economía
española en la depresión, nos lleva a denunciar lo que
verdaderamente representan: la cesión vergonzosa de un gobierno ante
la gran patronal y los poderes financieros que simplemente desean
disponer de nuevos negocios privados donde antes había provisión de
servicios públicos y, además, dejar aún más de contribuir a las
finanzas públicas.
La
prueba evidente de que estos Presupuestos no responden a un análisis
serio de lo que necesita la economía española sino a la cobarde
sumisión del gobierno ante los grandes poderes económicos es que
una semana después de haberlos presentado y de manera improvisada se
anunció un hachazo adicional de 10.000 millones de euros al gasto en
sanidad y educación.
La
promotora Estatal de las Mesas de Convergencia y Acción denuncian
una vez más y ahora con motivo de la presentación de los
Presupuestos las mentiras reiteradas que se lanzan a la población
para ocultar los motivos reales de las políticas que se vienen
llevando a cabo. No es verdad que se orienten a salir de la crisis
sino a utilizarla como excusa para satisfacer aún más los intereses
de los grupos oligárquicos que han adquirido un poder político
decisivo y que están utilizando al Gobierno no solo para aplicar
estas medidas de política económica tan lesivas para la inmensa
mayoría de la sociedad sino para acabar lo más rápidamente posible
con los ya de por sí escasos resortes democráticos existentes para
canalizar la protesta y la rebeldía social.
Precisamente
por ello llamamos a rechazar con urgencia estas medidas y
concretamente los Presupuestos Generales del Estado. Reclamamos la
voz de todas las personas "de abajo" de nuestra sociedad
para generar una oleada de convergencia y acción en las calles, en
los puestos de trabajo, en los centros de enseñanza, en los barrios
y en todas las instituciones en donde puedan oírse para manifestar
el rechazo a la injusticia y la inutilidad que suponen estos
Presupuestos. Y también para difundir entre la ciudadanía las
alternativas existentes: la reforma fiscal que haga pagar a las
grandes empresas y patrimonios, la lucha contra el fraude fiscal y la
economía sumergida, el repudio de la deuda ilegítima, la
nacionalización de la banca que garantice la financiación de la
actividad empresarial y la creación de empleo, la actuación del
Banco Central Europeo como un auténtico banco central que nos evite
ser esclavos de los mercados, la inmediata puesta en marcha de
programas de estímulo de la actividad económica basados en la
promoción del desarrollo sostenible y en el equilibrio con la
naturaleza, o la promoción de nuevos tipos de actividades y fórmulas
empresariales que signifiquen un auténtico cambio en nuestro modelo
productivo, entre otras.
Abril
de 2012
